Consideraciones del Comité 68 ante el compromiso de la comisión permanente de la Cámara de Diputados respecto al conflicto de las Normales Rurales

A raíz de las movilizaciones y demandas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) mediante denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos y ante organismos internacionales y la Cámara de Diputados desde diciembre del año pasado se ha abierto en el terreno legal un impasse que por lo pronto ha inmovilizado a las fuerzas represivas policíacas, ahora en espera de las investigaciones y acciones posibles de la PGR.

Sin embargo y al mismo tiempo, en los medios de prensa y de sectores sociales del estado de Guerrero ligados al turismo, los transportistas, comerciantes y otros se han expresado voces reclamando acciones en contra de los normalistas, en particular el cierre o clausura de la Normal, mediante una campaña de estigmatizaciones caracterizando a los estudiantes como guerrilleros, violentos, extorsionadores delincuentes etc.

Pero más allá de los elementos locales y regionales, el acumulado de los hechos y participaciones de los diversos actores del conflicto muestran, sin lugar a dudas, una dimensión nacional en la perspectiva de las elecciones del 2012 que se percibe como un determinante mayor del conflicto. Desde las percepciones locales pueden invisibilizarse algunos actores, pero desde una perspectiva nacional es muy significativa la acción y participación de fuerzas políticas nacionales

La dimensión nacional del conflicto de Ayotzinapa

En efecto, el problema no es solamente el deslinde de responsabilidades entre los federales –fuerzas armadas de Calderón- PAN- y la policía ministerial bajo las órdenes directas del gobernador Aguirre-PRD con antecedentes Priístas, sino también el papel de terceros instigadores del uso de la violencia en Guerrero.

Significativamente la violencia sistemática más generalizada en el estado de Guerrero se ha centrado en los planteles escolares. Hace apenas unos meses esta situación se concretaba con el cierre de más de doscientos planteles educativos de nivel primario y secundario en una acción de demanda de seguridad que dio pie al despliegue del operativo Guerrero Seguro consistente en el envío de efectivos de la policía federal que asumieron la dirección y el control de la policía estatal. La proclividad política de cada uno de los actores, da luz sobre la intencionalidad de estas acciones: primero los directores de las escuelas primarias y secundarias responden en una gran mayoría a las indicaciones de Elba Esther Gordillo y eventualmente de su instrumento partidista, el PANAL. El hecho oscuro del origen y resolución de estos supuestos fenómenos de extorción en las escuelas de Guerrero por los narco sino hace sino reforzar la hipótesis de la artificialidad de los mismos.

Pero el hecho consumado es que la policía federal panista se estableció de manera permanente en el territorio de Guerrero. Por eso se dio su presencia inmediata en los acontecimientos del 12 de diciembre en Chilpancingo, y se debe investigar también y extraer todas las consecuencias de ello que fueron precisamente los federales los que iniciaron los disparos en el desalojo. Es decir, fueron las fuerzas que responden a Calderón e indirectamente al PAN las que iniciaron  la escalada de violencia.

 El gobernador Aguirre en un primer momento señaló enfáticamente la participación de la policía federal, pero inexplicablemente dejó de hacerlo.

Ahora el reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha vuelto a hacer referencia a la participación de los federales en la represión. Sin embargo igualmente dejó vías abiertas para la impunidad de los mandos directos y políticos, al dejar de lado la falta de colaboración en la investigación de la policía federal con el argumento de que ya lo habían hecho en la PGR. Es preocupante el comportamiento falsamente legalista, de la CNDH, de la PGR, de las diversas policías, y hasta de la comisión de diputados involucrada, con el que se encubre la falta de conclusiones categóricas de las investigaciones, que debieran dar lugar a las acciones de justicia reclamadas. Con las ambigüedades legaloides lo único que hacen es dar largas al conflicto para omitir dar soluciones de fondo al conflicto, y mantener en cambio la decisión de volver a recurrir a la violencia oficial con nuevos pretextos.

Las demandas de fondo

Más allá de las características del conflicto de la Normal de Ayotzinapa, se trata de un conflicto que se extiende por más de cuarenta años de supresión y clausura de todas las Normales Rurales. Año con año la situación se exacerba en alguno de los planteles que aún subsisten y que en esa ocasión son blanco de la ofensiva oficial. En años recientes se agredió con violencia policiaca criminal a la Normal del Mexe, Hidalgo, después fueron desmanteladas y destruidas las instalaciones de Mactumatzá en Chiapas y también amenazada sin éxito la Normal de tenería en el Estado de México.

Por todo esto no sólo los estudiantes interesados y organizados en la FECSM, sino también sectores muy importantes de la sociedad mexicana reclaman la reapertura inmediata de las Normales citadas y la reconstrucción integral del Sistema Nacional de Normales Rurales, porque son necesarias y eficientes para el sector social para el que fueron concebidas.

Un análisis y solución política de fondo del problema de las Normales tiene que considerar necesariamente toda esta historia con todas sus determinaciones. Esto debe ser la materia de atención de la comisión especial de diputados para conocer y seguir el caso de Ayotzinapa.

México, D. F. a 10 de enero de 2012.

FECSM en pie de lucha.

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