De Nuestra Aparente Rendición: Estas son las razones por las que más de 20mil ciudadanos interpusieron una demanda en la Corte Penal Internacional de la Haya contra políticos y criminales. Contadas por uno de los firmantes.

De: Nuestra Aparente Rendición:

Corte Penal Internacional de La HayaCorte Penal Internacional de La Haya

Las responsabilidades de Calderón.
Reflexión sobre la solicitud de enjuiciar al Presidente y sus colaboradores ante la Corte Penal Internacional.

“Si no pueden renuncien” fue la enérgica exigencia que, después de perder a su hijo, dirigió en 2008 el empresario Alejandro Martí a las autoridades mexicanas que no cumplieran con su trabajo en proteger a los ciudadanos. Los funcionarios públicos que en aquél entonces auspiciaron el Consejo Nacional de Seguridad, entre los que estaba el Presidente Felipe Calderón, su gabinete de seguridad y varios gobernadores, estuvieron de acuerdo en ser evaluados y prometieron dar resultados en 100 días. Estamos a noviembre de 2011 y han pasado más de tres años desde esa promesa vacua hecha ante los reflectores de los medios de comunicación. Sobra decir que nadie ha renunciado. Los únicos que han abandonado su cargo, pero a causa del miedo, son cientos de servidores públicos menores, como policías y regidores, que han visto amenazada su vida y la de sus familias de continuar desempeñando su trabajo. Quizás el caso más sonado sea el de Marisol Valles García, mujer de 20 años que tuvo el valor de tomar a su cargo la policía de Praxedis G. Guerrero en Chihuahua durante seis meses, hasta que fue obligada a pedir asilo político en los Estados Unidos después de varias llamadas amenazadoras.

La consigna para que renuncien los funcionarios corruptos e ineficientes ha sido repetida numerosamente en foros y ha sido coreada con fuerza en marchas y manifestaciones, pero en México el accionar de la mayoría de funcionarios públicos suele recordar la célebre del expresidente Carlos Salinas de Gortari: “Ni los veo ni los oigo”. A pesar de esto, en algún momento los funcionarios de elección popular -Presidente, gobernadores, presidentes municipales, diputados, senadores y regidores-, así como los servidores públicos electos por ellos, acabarán su mandato.

Es en este momento donde es importante preguntarse: ¿qué debe pasar cuando abandonen su cargo los funcionarios que han fallado en su tarea de proteger a los ciudadanos? ¿Qué se debe hacer con los servidores públicos que se han vendido al crimen organizado por treinta monedas? ¿Debemos dejar que se reciclen en la administración pública, que se retiren de la política y sean contratados por algún banco, multinacional u organismo internacional, o que regresen a la academia a dar clases con la conciencia tranquila? En un sexenio que con toda certeza sobrepasará 55,000 decesos la respuesta claramente debe ser negativa.

Una respuesta posible puede ser la solicitud formal ante la Corte Penal Internacional (CPI) para investigar y enjuiciar al Presidente Felipe Calderón, al Secretario de Seguridad Pública (SSP), Genaro García Luna, a los Secretarios de Defensa Nacional (Sedena) y de Marina, así como a los principales capos y líderes de los cárteles del narcotráfico como Joaquín “el Chapo” Guzmán. Dicho documento ha sido preparado por académicos, juristas y defensores de Derechos Humanos y ha sido redactado y presentado ante medios de comunicación por el abogado Netzaí Sandoval Ballesteros.  Para los promotores y los firmantes de la solicitud, “el país vive un conflicto armado permanente en cuyo contexto se han cometido tanto crímenes de guerra, como de lesa humanidad […] y tanto el Jefe del Ejecutivo Federal, sus mandos civiles y militares así como los capos de la droga son responsables de estos crímenes”. Dicha solicitud será presentada el 25 de noviembre de 2011 ante el fiscal de la CPI Luis Moreno Ocampo y actualmente cuenta con 18,493 firmas virtuales y cerca de 10,000 en papel, lo que la convierte en una de las peticiones más numerosas en llegar a La Haya.

Como era de esperarse, la solicitud ha sido recibida con recelo por parte del Gobierno Federal que, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), ha desacreditado la demanda argumentando que “muestra de manera equivocada la realidad del país [ya que] las acciones de la Estrategia Nacional de Seguridad son desplegadas con pleno apego al Estado de Derecho, con el fin de detener la actividad de las organizaciones criminales, llevar a sus miembros ante la justicia y evitar la violencia e inseguridad que generan”[1].

En los medios nacionales el tema ha sido poco discutido, y las pocas disertaciones sobre el tema están tan divididas como lo estaría la afición de la Arena México en una noche cualquiera. En el bando contrario a la iniciativa, Gerardo Laveaga, Director General del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), cree y argumenta que la iniciativa no tiene ninguna oportunidad de ser considerada por los fiscales de la CPI y además acusa de oportunistas e ignorantes a los promotores de dicha iniciativa, pues considera que “pretenden confundir a la opinión pública con fines partidistas […] y radicalizarán el debate entre las personas mal informadas”[2]. Por otro lado, la respetada periodista Lydia Cacho cree que, aunque parezca una locura, la iniciativa es en realidad un acto de libertad y un ejercicio ciudadano para esclarecer la verdad por la vía judicial y sin el uso de la violencia[3].

A pesar de su poca resonancia en México, la iniciativa ha causado revuelo en el extranjero donde medios como el The New York Times, La Nación de Argentina, el Los Angeles Times o The Guardian han dedicado columnas para explicar lo que es una iniciativa inédita para el contexto mexicano. Inédita, y sorpresiva, añadiría yo, ya que desde el extranjero suele entenderse la situación dramática que se vive México como la desafortunada consecuencia de una estrategia frontal y, sobre todo, “necesaria” por parte del Estado Mexicano para combatir a los cárteles del narcotráfico.

Creo que también es “necesario” que se vea la realidad mexicana desde ópticas más críticas. La iniciativa ciudadana para llevar ante la justicia internacional al Presidente Calderón y su gabinete de seguridad, así como a los capos de los principales cárteles del narcotráfico, me parece una excelente oportunidad para que las decenas de miles de muertos, desaparecidos y desplazados sean vistos como algo más que daños colaterales. Creo que es necesario desvelar la tragedia social que se esconde tras los 50,000 muertos, 10,000 desaparecidos y 230,000 desplazados. En cada uno de estos casos hay víctimas invisibles e indirectas que no salen en ningún telediario: familias que no volverán a su casa o que perdieron su negocio. Niños que han perdido a su padre, madres que han perdidos a sus hijos, familias enteras destrozadas por la violencia. A pesar de lo anterior creo que la iniciativa está condenada a quedarse en eso, ya que la Corte Penal Internacional es una institución que ha nacido con las garras cortadas y con una muy estrecha capacidad de hacer justicia. A pesar de esto creo que la iniciativa debe presentarse para que desde el extranjero se pueda valorar la dramática situación que se está viviendo en México.

“Las ‘guerras contra el narcotráfico’ -si es que esto puede llamarse guerra- tienen comienzo pero nunca un final”[4], reflexiona Yezid Arteta en un artículo sobre la “colombianización” de México. La realidad distorsionada que nos encontramos en varios medios de comunicación es consecuencia directa de la narrativa exculpatoria y justificativa proveniente del discurso estadounidense de “Guerra contra las drogas” que durante cuarenta años ha dominado y envenenado el escenario latinoamericano. Bajo este discurso, las bajas civiles, los abusos de autoridad y las vulneraciones a los Derechos Humanos y libertades fundamentales deben palidecer mediáticamente ante los grandes decomisos de armas y estupefacientes, las capturas ¾o asesinatos¾ espectaculares de capos, así como ante los grandes operativos militares.

Dicho esto, resulta obvio que la estrategia de seguridad de la Administración de Felipe Calderón esté inscrita dentro del ámbito de la llamada “Guerra contra las drogas”. Dicha “guerra” fue declarada por Richard Nixon en 1971, escalada por Ronald Reagan en la década de los 80’s, continuada por todas las administraciones estadounidenses y acatada por decenas de gobiernos latinoamericanos con resultados desastrosos. Aunque algunos consideran que el término “guerra” debe ser entendido metafóricamente, los más de 60,000 desaparecidos en Colombia[5] y los cerca de 50,000 muertos en México no tienen nada de metafórico. De hecho el Presidente Felipe Calderón usó indiscriminadamente el término “Guerra contra el narcotráfico” durante los primeros cuatro años de su mandato hasta que hace un año alguien le recomendó decantarse por el apelativo más neutral de “lucha contra el crimen organizado”. La realidad confirma que el nuevo nombre es sólo un eufemismo porque a día de hoy más de 50,000 soldados se desempeñan en labores de seguridad pública -que no son la suyas- en Chihuahua, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero y Michoacán.

Dichos soldados han sido sacados de sus cuarteles para intentar llenar el vacío de seguridad en zonas “calientes” donde el Estado de Derecho se ha convertido en un cuento de hadas mal contado. Para el que no conozca la historia del Ejército Mexicano, esta ha sido una de las instituciones mejor valoradas a través de los años, pues casi siempre ha sido usada para proteger y salvaguardar a la población civil ante desastres naturales (Plan DNIII-E) y como está compuesta en su gran mayoría por jóvenes empobrecidos, suele tender a ser bien recibida en comunidades igual de empobrecidas. Para Emiliano Ruiz Parra las consecuencias de usar al Ejército en labores de Seguridad Pública son varias:

Primero se expuso al Ejército a una corrupción igual a la de las policías federal, estatales y municipales (si no estaba corrompido desde antes); dos, se fomentó una guerra clasista, de un ejército de campesinos pobres (el Ejército nacional mexicano) contra una variedad de grupos armados lúmpenes nutridas del proletariado y subproletariado urbano y rural; tres, se toleró que las fuerzas armadas, no entrenadas para labores de seguridad pública, cometieran sistemáticamente violaciones a los derechos humanos; cuatro, se desmoralizó al Ejército y a la Marina, al ponerlos en la primera línea de una guerra que no se decide en las calles sino en los escritorios y las cuentas bancarias de los políticos y los narcoempresarios; cinco, se convirtió al Ejército en un actor de primera línea en la política nacional: este último punto no es banal.[6]

En relación con los motivos de la demanda ciudadana ante la CPI nos importa especialmente el tercer punto: los abusos que miembros del Ejército y la Marina han cometido contra civiles y criminales en estos cinco años de guerra contra el narco. De entre cientos de casos, los redactores de la solicitud han destacado el caso de los dos estudiantes del Tec de Monterrey, que fueron asesinados por balas del Ejército y cuyas autopsias revelaron signos de tortura. Así mismo, han destacado el caso referido en la recomendación 38/2007 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que describe cómo durante los días 2 y 3 de mayo de 2007 en Nocupétaro, Michoacán, soldados violaron y abusaron de cuatro menores de edad y, además, atacaron generalizadamente a la población civil -detenciones arbitrarias, tortura, allanamientos- mientras buscaban narcotraficantes[7].

Me parece claro que hechos como los anteriores deben ser considerados crímenes de guerra, ya que han sido cometidos por un ejército ante población civil no combatiente[8]. Bajo circunstancias normales y con un sistema de justicia medianamente respetable, dichos crímenes deberían ser juzgados en suelo nacional por tribunales civiles competentes. Sin embargo, según un reporte de Amnistía Internacional, durante el último año ni un solo militar ha sido condenado por violaciones a garantías individuales[9] a pesar de que la CNDH contaba con 1,613 quejas. Esta flagrante impunidad es razón suficiente para llevar los casos ante una instancia más alta, que en este caso sería la CPI.

Sería un error afirmar que los abusos militares y policiales son producto de unas cuantas “manzanas podridas”, tomando la expresión de Donald Rumsfeld al enterarse de  las torturas que practicaban soldados americanos en la cárcel de Abu Ghraib. Los abusos son producto de una estrategia fallida por parte del Gobierno Federal que ha decidido combatir a los criminales “sin distingo”, por lo que ha centrado sus esfuerzos en acabar con la base de la pirámide del narcotráfico, lo que en la narrativa gubernamental es considerada “la red de ilícitos”: los campesinos, los pilotos, los “ojos”, los halcones, los narcomenudistas, los sicarios y pistoleros. Estas personas se han convertido en una marabunta de homini sacer que pueden ser exterminados sin ningún dilema ético. Cuando los medios de comunicación o el Gobierno reportan su muerte, son sólo sicarios, colaboradores, presuntos integrantes del cartel X. Este accionar es lamentable desde cualquier punto de vista ya que de acuerdo al Estado de Derecho los delitos se deben prevenir y combatir, llevando a la justicia a los sujetos activos, no liquidándolos.

Cada vez que escucho a funcionarios públicos decir que las personas que eligen el lado del narco tienen un problema de valores, recuerdo un suceso que cuenta la periodista Gloria Leticia Díaz acaecido en La Montaña, uno de los municipios más pobres de Guerrero:

En una ocasión un hermano mío llegó corriendo a  la casa para avisarnos que unos soldados estaban violando a una señora que agarraron en el sembradío. Fuimos a ver qué pasaba, pero nos encontramos al marido de la señora corriendo; nos paró para que no fuéramos al campo a ayudar a su esposa; nos contó que la ofreció a los soldados para que no quemaran las plantas de adormidera. Diez soldados abusaron de la señora. Ella estaba triste pero conforme, porque dijo que sus hijos tenían que comer.[10]

Propongo hacer un ejercicio ético y un ejercicio de cuestionamiento sobre a quien debemos culpar de este triste y dramático suceso: ¿A campesinos indígenas que escogieron sembrar amapola en vez de maíz y frijol? ¿Los narcos locales que le ofrecieron el trato a los campesinos? ¿Los grandes capos que escogieron la inaccesible sierra de Guerrero como escondite para sus grandes sembradíos? ¿Los funcionarios locales y federales que son comprados para hacerse de la vista gorda o incluso proteger los sembradíos? ¿Los soldados que violaron a la mujer y que traían ordenes de quemar los campos de adormidera? ¿Los exigentes clientes de heroína de Europa y los EEUU? ¿La procesión de gobernantes locales y federales que han ignorado las necesidades de municipios paupérrimos? ¿El Gobierno Federal, al criminalizar a los campesinos que colaboran con el narco? ¿La DEA y la Oficina de Naciones Unidas para el Crimen y la Droga, que siguen sin ver los costos humanos de la estrategia criminalizadora?

Dar una respuesta no es fácil, pero desde el Gobierno Federal ¾en consecuencia con la doctrina internacional de “Guerra contra las drogas”¾ se ha tomado la decisión de culpar al campesino y combatir al pequeño narco y a sus sicarios. Vuelve a atinar Emiliano Ruiz Parra al reconocer que:

A cinco años de que se iniciara la “guerra contra el narcotráfico” no hemos visto una sola autoridad juzgada por el delito de pactar con el narco. Ni un ex presidente de la República, un ex secretario de Estado, un gobernador o ex gobernador, alcalde, ni siquiera un regidor ha sido sometido a juicio político o llamado a cuentas para que responda por complicidad. Los pactos con el narco no sólo no han sido tocados: se les ha premiado y estimulado con la impunidad.[11]

A través del comunicado 372 de la SRE la Administración de Felipe Calderón afirma que sólo “se justifica la acción de la Corte exclusivamente cuando un Estado no puede o no quiere ejercer acción penal para castigar ciertos crímenes detallados en el Estatuto de Roma. Ninguno de estos dos supuestos aplica al caso.”[12] Yo creo que ambos supuestos son válidos. Un caso flagrante y escandaloso es el de los abusos que sufren los migrantes centroamericanos y sudamericanos que recorren el país para llegar a los Estados Unidos. En su informe “Víctimas invisibles: migrantes en movimiento en México”, Amnistía Internacional documenta una larga lista de abusos, como el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades durante los controles migratorios.

Pero eso no es lo más grave, los migrantes sufren abusos y son encarcelados ilegalmente en países democráticos y desarrollados como los EEUU, Inglaterra, España y Francia. El verdadero problema es que agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), así como miembros de las policías locales han sido acusados de extorsión e incluso de trata de personas. El informe especial sobre secuestro de migrantes en México preparado por la CNDH recolecta casos que demuestran la corrupción y complicidad del INM en secuestro y extorsión a migrantes[13]. A pesar de esto, en febrero de 2010, el INM informó a Amnistía Internacional de que no se había destituido a ningún agente del INM por violaciones de derechos humanos, ya que éstas no constituían motivo de destitución en virtud de las leyes laborales federales[14]. El padre Alejandro Solalinde, director del albergue Hermanos en el Camino, se ha cansado de repetir en diversos foros que agentes del INM operan como polleros ya que en los operativos secuestran a migrantes que luego venden a los cárteles. Después de su entrevista con el gobernador Javier Duarte, a propósito de un supuesto secuestro masivo de migrantes en Veracruz, Alejandro Solalinde incluso se ha atrevido a acusar al exgobernador Fidel Herrera de encubrir a los delincuentes. “No sólo eso, yo creo que van a encontrar algo más, ya que existen testimonios de migrantes que fueron entregados a la Secretaría de Gobernación y al Cisen, donde lo mencionan explícitamente a él”[15]. El gobernador Duarte -famoso por aplicar la ley antiterrorista a unos twitteros-  debería atender a las palabras de Alejandro Solalinde ya que en los últimos dos años más de una tercera parte de los migrantes secuestrados que tiene registrado la CNDH se han dado en Veracruz.

Como es bien sabido, la CPI considera la trata de personas como crimen de lesa humanidad e investigaciones serias apuntan a que en Veracruz, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y otras demarcaciones se han cometido este tipo de crímenes con el conocimiento y ¾en ocasiones¾ la colaboración de las autoridades locales y estatales. Las pruebas que conducen a policías, agentes de migración, soldados, alcaldes y presidentes municipales son abrumadoras y ante esta realidad al Gobierno Federal solamente se le ha ocurrido aplicar pruebas de confianza, rotar algunos mandos, y en el último caso suspender y acusar por lo penal a algunos agentes como los implicados en la matanza de San Fernando. Por lo anterior resulta evidente que el Gobierno Federal no ha tenido la verdadera intención de esclarecer e investigar esos horribles crímenes.

Lo más grave es que esta falta de intención también va acompañada de una ineficiencia espectacular en procuración de justicia. El poeta Javier Sicilia se desgañitó repitiendo que el índice de impunidad es del 98% y también lo ha repetido la CNDH y un informe del Tec de Monterrey. Aún así el Gobierno Federal sigue animando a la ciudadanía a que denuncie cuando sea secuestrada, robada o extorsionada. Un estudio del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) basado en la base de datos de “Incidencia delictiva Nacional y por Estado 2011” del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha demostrado que los crímenes de alto impacto más denunciados son los robos de auto y los robos totales con violencia a casa habitación, mientras que los menos denunciados son el secuestro y la extorsión. Los investigadores del ONC encontraron datos absurdos e inconcebibles como que desde 1998 nadie ha denunciado un secuestro en Yucatán o que desde 1999 no se ha registrado ninguna denuncia por extorsión en el Estado de México.[16] Me parece claro que un sistema de justicia que resuelve el 2% de los crímenes que investiga y que además es poco transparente no tiene las herramientas para actuar ante un escenario de 50,000 muertos, 10,000 desaparecidos y 50,000 huérfanos.

Desgraciadamente a día de hoy la Corte Penal Internacional tampoco tiene las herramientas para investigar y juzgar lo que pasa en México. Como mencioné con anterioridad, la CPI es una institución que nació con las garras cortadas. El hecho de que países como China, India, Israel o los EEUU no hayan firmado el Protocolo de Roma le resta legitimidad y la hace susceptible a críticas que afirman que aplica un doble rasero en sus investigaciones. También se ha topado con varias interpretaciones del principio de justicia universal que con frecuencia entorpecen su labor. Si damos un vistazo por la prensa de los últimos meses, nos daremos cuenta que no se ha podido enjuiciar a dos reconocidos dictadores como Hossni Mubarak o Zein El-Aibideen Ben Ali; no se ha podido capturar a Omar al-Bashir a pesar de tener toda una lista de cargos en su contra, y ni siquiera se ha sido capaz de arrebatarle a los rebeldes libios el recién capturado Saif al-Islam, hijo y heredero de Muammar al Gaddafi.

Si sentar en el banquillo de la Haya a estos dictadores con un nutrido curriculum de violación de derechos humanos y muertes ha sido difícil, fincarle responsabilidades a Felipe Calderón y los responsables de su estrategia de seguridad, es casi imposible. El mismo fiscal Luis Moreno Ocampo ha declarado ante insistencia de los medios que la CPI no juzga decisiones políticas ni responsabilidad política[17] tratando de minimizar la solicitud de juicio a Calderón y sus colaboradores. Sobre lo que no se ha posicionado el fiscal¾y tampoco yo en este ensayo por que me resulta obvio¾ es sobre la posibilidad de enjuiciar a los principales líderes y mandos medios de los cárteles del narcotráfico, propuesta que me parece excelente para que no se conviertan en testigos protegidos o sean enjuiciados en los EEUU, como suele suceder.

Tengo amigos que han trabajado en la administración calderonista y me aseguran que el Presidente y la mayoría de sus colaboradores son buenas personas incapaces de cometer, o dejar que se cometan, crímenes de guerra o de lesa humanidad como acusa la solicitud. No tengo razón para no creer lo que me dicen mis amigos o para comparar a Felipe Calderón con un personaje como Omar Al-Bashir que ha destrozado Sudán. El problema de violencia exacerbada que vive México ha sido resultado de décadas de corrupción de políticos y empresarios, de una política equivocada e hipócrita de “Guerra contra las Drogas” impulsada desde los EEUU y de un sistema donde las ganancias económicas son perseguidas por encima de todo. Si de algo tiene la culpa Calderón y sus colaboradores es de haber comprado y haberse inscrito en la dinámica “si no estás con nosotros eres el enemigo”  propuesta por los EEUU desde el 11-S. Es culpable de apostar por una política de seguridad nacional basada en la fuerza y la tecnología, en vez de una de seguridad humana, basada en la educación, la solidaridad, las libertades y los derechos fundamentales. Quizás hubieran habido los mismos muertos, eso nunca se sabrá, pero Felipe Calderón hubiera tenido la conciencia tranquila de que estaba poniendo los pilares para cambiar la situación y seguramente ninguna Corte lo hubiera requerido ahora ni 20 años después de terminado su mandato.

He firmado la iniciativa porque creo que es necesaria la repercusión simbólica de la acción penal. La acción tiene que servir para atraer la mirada de la comunidad internacional sobre lo que está pasando en México y presionar al gobierno actual y al que sea electo en las próximas elecciones para mejorar la procuración de justicia, castigar los abusos militares y complementar los operativos con políticas educativas y sociales de largo plazo. Creo que sería un éxito que, aunque no se aceptara la moción, se creara un expediente que nos permitiera seguir recopilando datos para en un futuro establecer una comisión de la verdad que contribuya a la reconciliación y al resarcimiento de las decenas de miles de víctimas.

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