El pacifismo y el diálogo de Sicilia: Mario Caballero

Una política impotente para resolver las demandas del movimiento contra la violencia y la militarización

Por Mario Caballero | LTS

Es evidente que las discusiones realizadas en Cd. Juárez fueron desconocidas con métodos burocráticos por Javier Sicilia y el equipo dirigente del Movimiento “Paz Con Justicia y Dignidad”. Su intención era que nadie rebasara la primera propuesta de declaración presentada por Sicilia el 8 de mayo en el Zócalo, ya que preveían que los activistas y las organizaciones de Cd. Juárez –afectados directamente por la violencia del narco y el estado–, no aceptarían ningún diálogo con las instituciones sin antes retirar a los militares de las ciudades, que viola a diario salvajemente los derechos humanos y las garantías individuales de la población. Así, evitaron que el sector más independiente se posicionara en el movimiento como un referente combativo en el ámbito nacional que cuestionaba la política pactista de Sicilia. Esta imposición por las personalidades que encabezan el movimiento “Paz Con Justicia y Dignidad”, se hizo más notoria debido a que las organizaciones de Chihuahua –y otros estados–, donde existe un movimiento importante contra la violencia, son las que más demandan el fin de la desmilitarización. Por eso, la maniobra de la dirección del movimiento democrático de hacer pasar como “relatorías” el documento leído como Pacto Ciudadano la noche del 11 de junio en la Plaza Juárez –el mismo que descalificó en la ciudad de Texas al día siguiente–, es una medida que apunta a dividir al movimiento responsabilizando a la izquierda y las organizaciones de Juárez de exigir “disparates” al gobierno de Calderón, al aprovechar el clima de satanización de la derecha en los medios que señalaban el peligro de que los “radicales” rebasaran a Sicilia.

 

Una muestra de la intolerancia política de los promotores del pacifismo es la descalificación de las voces disidentes del movimiento, el mismo recurso que emplean las autoridades contra la población descontenta. Como lo fue reducir las posiciones de esos sectores a los calificativos de “duros”, “ultras”, o peligrosamente “narco-zapatistas” o, acusarlos, una vez aceptadas sus propuestas mediante el debate, de que “asaltaron las mesas”.

No conforme con acusar de “radicalismo” a las posiciones que consideran como central la desmilitarización del país, Javier Sicilia declaró que los ciudadanos son también responsables de la violencia criminal por no haber hecho nada mientras crecía este flagelo (Proceso, 19/06/11). Se equivoca totalmente. ¿Será consciente Sicilia de que adjudicar a la población la responsabilidad que le cabe al estado de evitar estas matanzas de civiles o la complicidad con el narco de las instituciones responsables de la “seguridad” y “justicia” que posibilitaron el fortalecimiento de los cárteles de la droga son señalamientos funcionales al gobierno?

¿Cómo puede afirmar Alvarez Icaza (¡Siempre!, No. 3027) que la exigencia de desmilitarización planteada en las mesas de trabajo del encuentro convocado por Sicilia, obedece a “la imposición de agendas particulares” o “ideologizadas”, sin desconocer la demanda de las miles de familias en el norte del país? No solamente es tramposa y peligrosa esta argumentación, sino que es favorable a la ofensiva de Calderón contra quienes critican su “guerra” contra el narco.

Una militarización que, con el pretexto del combate a las drogas, permite al gobierno actuar contra los activistas y los movimientos sociales, violar y masacrar mujeres indígenas, campesinos ecologistas, reprimir trabajadores (como en Cananea), sitiar poblados y desapariciones forzadas. Pero Sicilia ni siquiera aprovechó el diálogo público con el presidente en Chapultepec para exigir castigo a los militares asesinos de la población y la destitución del Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública.

En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que demanda que el gobierno de Calderón castigue a los militares por violación de los derechos humanos está a la izquierda de los dirigentes de “Paz Con Justicia y Dignidad”.

Como es evidente, Javier Sicilia desmiente las cualidades que le otorga Enrique Krauze en el artículo “Porqué apoyo a Sicilia” (Proceso No 1806, 12/06/11), al afirmar que es “sensible a la diversidad”, y que “respeta la pluralidad”. Queda así demostrado que es falso que, con la corriente católica que comulga Sicilia “se puede dialogar” y “se puede construir”.

Lamentablemente, para los miles que se incorporan a esta movilización exigiendo justicia para sus familares asesinados por esta violencia compartida por el estado, la dirección dialoguista está entrando en una dinámica institucional como parte de su política de establecer una mesa de negociación con las autoridades para presionar al gobierno reaccionario panista a resolver algunas demandas de la población, según su visión. Ahora se propone continuar esta política y ha agendado reuniones con comisiones de las cámaras de diputados y senadores del Congreso y la CONAGO. Por ello, Emilio Álvarez Icaza declaró que ellos no ponen como condición para dialogar con el gobierno el fin de la militarización.

Esta es una política opuesta a la política independiente que levantan muchas organizaciones, principalmente las de Cd. Juárez y del norte del país. Cuánta diferencia hay entre el “usted no es bienvenido señor presidente” de María de la Luz Dávila en Cd. Juárez, y el abrazo y el regalo del escapulario de Sicilia a Calderón en Chapultepec el jueves 23 de junio.

 

Desde la LTS consideramos, que, al mismo tiempo que luchamos por el retiro de los militares de las calles, para preservar la integridad de los trabajadores, la juventud y el pueblo hay que poner en pie comités de autodefensa –retomando las formas de organización de sectores que están enfrentando los ataques de las bandas de paramilitares y narcotraficantes– a partir de las organizaciones obreras, estudiantiles y populares, para contrarrestar la intimidación, asesinatos y desapariciones de las fuerzas militares y de los carteles que pretenden hacerse con el control del territorio para garantizar sus negocios.

Una política impotente que puede hacer retroceder el movimiento democrático

 

La diferencia de fondo con la estrategia de Sicilia y la dirección del movimiento “Justicia con paz y dignidad” estriba en la confianza que tiene en la reforma de las reaccionarias instituciones del estado y en que se debe sensibilizar el corazón del gobierno, de los militares asesinos y los narcos. Por eso apuestan a una política (crítica) de acercamiento con las instituciones para “llegar a la conciencia” de los gobernantes, que no exprese radicalidad ni “odio” de los afectados por la estrategia del gobierno en su combate al narco.

Pero no es correcta la percepción de que el entendimiento con las autoridades y “la resistencia civil basada en el sacrificio”, sirvan para llegar a la democracia –lógica bajo la cual Sicilia endurece su crítica a los sectores del movimiento opositores a dicho diálogo–, ni tampoco que Calderón, como afirma Sicilia, “no se da cuenta de que la delincuencia, arropada en la ilegalidad está en las instituciones” (Proceso, 12/06/11). No. No es cuestión de entendimientos ni de sensibilizar al gobierno y al régimen político. Ni tampoco mostrar al gobierno y a la clase dominante que ve con preocupación que surjan movimientos democráticos por fuera de control institucional, que el descontento popular no se va a radicalizar. El gobierno no se humaniza.

En el capitalismo, la democracia sirve a los de intereses de la clase dominante y para eso crea sus leyes y tribunales, y los garantiza con el actuar de sus fuerzas armadas. Es lo que llamamos, señalando el carácter clasista del estado, la “democracia para ricos”. Ya vimos cómo actuó esta “democracia” ante las demandas de justicia de Marisela Escobedo en Chihuahua, así como después de su asesinato afuera del palacio de gobierno estatal.

En el capitalismo, la explotación y la opresión se enfrentan levantando una política radical orientada contra el estado y sus instituciones, donde las demandas más elementales se obtienen como subproducto de fuertes luchas (así fue con la jornada laboral de 8 horas diarias, el derecho de huelga, el derecho al voto femenino, etc.)

La necesidad de Calderón de recomponer mediante la militarización del país su autoridad de forma preventiva ante las masas –muy desgastada a los cinco años de su gestión y con una economía estancada y con una elección en el 2006 muy cuestionada–, tiene contempladas los grandes daños colaterales, como lo anunció cuando desplegó esta estrategia, y tal como lo reafirmó en el diálogo celebrado el jueves 23 en el Castillo de Chapultepec. Y es que, por encima de los intereses de la población, priman los acuerdos establecidos con el gobierno de los Estados Unidos y su política de golpear a los cárteles para disciplinar a los carteles y hacerles aceptar ciertas reglas de juego y, por lo tanto, de no pactar con el llamado crimen organizado al precio que sea –consciente de que los costos en muertes los absorbe México.

Por esta razón la ingenua la idea de que Calderón no sabe que un sector de su gobierno y las demás instituciones del estado están involucrados en el narco y son parte de sus empresas, acaba por lavarle involuntariamente la cara al presidente panista y al régimen político.

Principalmente durante el priato y después con el panismo las instituciones permitieron que el narco actuara con mucha impunidad bajo su amparo, y creara una fuerte estructura criminal que profundizó la asociación entre sectores del estado y los carteles del narco y desbordó el equilibrio establecido entra autoridades y los barones de la droga. En este contexto de cambio en la relación de fuerzas entre el estado y los grupos criminales –como lo muestra el enorme control territorial del narco en varias regiones del país– las arbitrariedades e impunidad del ejército y la policía contra la población (secuestros, extorsión, levantones, torturas, desapariciones, etc.), son un ya un inocultable fenómeno de descomposición social estatal reconocido, y criticado hipócritamente por las autoridades de EE.UU.

Por lo que, bajo ninguna lógica se puede responsabilizar a la población –entre ella a los que son víctima de la violencia y de los daños colaterales– por el crecimiento de esta violencia y de la descomposición social –y que hace a la crisis del estado capitalista–, como afirmó Sicilia en la revista Proceso mencionada arriba.

El narcotráfico es un gran negocio ilícito cuyas ganancias extraordinarias surgen de la prohibición impuesta por Estados Unidos, y en el cual se asocian capitalistas, narcotraficantes y funcionarios públicos. En ese sentido, desde la LTS, creemos necesario luchar por la legalización de las drogas, como única forma de terminar con el poder económico de los carteles del narcotráfico. Esta medida  pondría en cuestión esas ganancias extraordinarias de la comercialización ilegal en el territorio nacional, y el dominio que los narcos ejercen sobre amplios sectores de la juventud, y enfrentaría la criminalización y persecución que se ejerce  sobre los consumidores, así como sobre los jóvenes que se ven obligados a enrolarse en las filas del narco como narcomenudistas, “mulas” o pequeños productores al servicio de los grandes capos. Esta medida debe ir acompañada por otras que ataquen los mecanismos financieros que permiten el blanqueo de capitales, y así como a los capitalistas y políticos del régimen asociados con los señores del narco, expropiando y nacionalizando todas sus propiedades y sus cuentas bancarias.

No es con una política pacifista o sembrando esperanzas en ablandar los corazones de Calderón, de los militares, los federales y los narcos, como se pueden imponer las demandas de los de abajo. La resistencia civil que propone Sicilia rechaza la movilización independiente y los métodos con los que el movimiento obrero ha obtenido sus conquistas. No le puede pedir a los sacrificados que “recuerden que la resistencia civil se basa en sacrificios, en la no violencia”. No. No queremos sacrificarnos más aceptando la militarización que él se niega demandar su fin.

Por eso prioriza la desobediencia civil y desdeñó la propuesta de impulsar un paro nacional que doblegue la política antipopuar de Calderón, quien no está dispuesto a desobedecer los mandatos del Consejo de Seguridad de EE.UU. bajo el mando de Hilary Clinton. Y es que, por encima de los esfuerzos de Sicilia por recomponer las instituciones, para un gobierno débil como el de Calderón –y con una economía estancada y dependiente de la recuperación de la economía de los EE.UU.–, la estrategia de “guerra al narco” es su prioridad política para llegar con ciertos triunfos a las elecciones del 2011 y para mejorar su imagen a nivel internacional, con las secuelas de militarización y muerte (“daños colaterales”) que tienden a aumentar. Igual de ilusorio es esperar que los narcos se humanicen y se vuelvan éticos. Los cárteles defienden sus negocios a sangre y fuego, donde no caben los códigos y los pactos entre caballeros.

Esta es una política que le quita filo a la movilización democrática y tiende a desgastarla y hacerla impotente. Pero esta es la visión humanista de personajes importantes de la “teología de liberación”, quienes pese a sumarse a la movilización retomando parte de los reclamos de la población, son impotentes –por su conservadurismo y por expresar la ideología de la clase dominante mediante el evangelio–, y son un freno para desarrollar el movimiento de manera progresiva e independiente.

La de Sicilia es una estrategia que evita lo radical para pactar con el gobierno una salida a esta crisis social, lo que implica no enfrentar al régimen ni al Estado. Por eso las posiciones de los sectores combativos del movimiento contra la militarización son burdamente tachadas de radicales y “ultras”. Estos señalamientos son compartidos por algunos intelectuales orgánicos del régimen –como Enrique Krauze, Aguilar Camín y Francisco Reyes Heroles, entre otros– al apoyar a Sicilia contra el sector que propone una política independiente. Al mismo tiempo que los medios de comunicación –en entrevistas a Alvarez Icaza y Sicilia, o editoriales– tratan de reforzar la cuña entre la política pacifista de Sicilia y el llamado a la movilización y las medidas de carácter combativo, tanto de las organizaciones y activistas de Chihuahua (y otros estados del norte del país), como por organizaciones del movimiento estudiantil en el D.F.

Justamente, cuando hace falta juntar todos los odios, todos los gritos y todo el descontento por las afrentas sufridas por la población a manos de los cárteles y del ejército que ha militarizado gran parte del país y, cuando hace falta una estrategia combativa que enfrente la estrategia oficial en su lucha contra el narco, y un programa que aglutine las demandas de los sectores más afectados por los secuestros, los levantones, las ejecuciones sumarias, las extorsiones y la militarización, la política de Javier Sicilia que, condena hasta las mentadas de madre por ser para él provocadoras o similares a la violencia aplicada por el Estado y los narcos, no solamente se muestra impotente, sino que puede llevar al naciente movimiento democrático a un callejón sin salida cuya recuperación puede tardar años en darse.

 

El diálogo de Sicilia con Calderón favoreció al presidente

 

Pese a las esperanzas de la dirección pacifista del movimiento “Paz con justicia y dignidad” puestas en el diálogo con el gobierno, nada se logró con esta concesión al presidente. Por el contrario, fue una demostración de fuerza y de cerrazón de Calderón para dejar claro que ningún pacifismo o moderacion política lo conmueve, incluso llegó acompañado del secretario Genaro García Luna, a quien Sicilia había pedido que no asistiera al diálogo en Chapultepec. Incluso, Calderón aprovechó el foro para posar como conmovido por el sufrimiento de una madre presa del dolor.

Sólo promesas obtuvo Sicilia de este encuentro con la principal institución del régimen antidemocrático y proimperialista, donde el poeta no se atrevió a cuestionarlo frontalmente en aras de no parecer duro. Opina que a veces se ganan más posiciones con un diálogo sereno que dando un espectáculo de la rudeza (Proceso, 26/06/11). Esta idelogía pacifista y pactista, acabó siendo una apuesta política funcional al poder, a los de arriba.

Esto era un resultado anunciado por aquellos que no ven conveniente hacerle la concesión al gobierno de dialogar sin acordar medidas concretas de desmilitarización.

Aún así, un ideólogo del movimiento (Pietro Ameglio) lejos de extraer serias conclusiones de este diálogo, pretende hacer pasar este revés al movimiento contra la violencia como un paso adelante en el camino de detenr la guerra y lograr la desmilitarización parcial (La Jornada, 26/6/11).

 

Y no es que Calderón y la clase política haya “perdido el lenguaje poético” como dice Sicilia –la poesía no deterrnina las relaciones entre las clases, ni la estrategia y planes económicos, políticos, diplomáticos y militares, ni las relaciones entre los estados–, más bien, la dirección del movimiento está perdiendo la oportunidad de fortalecer el movimiento contra la violencia del estado, al llevarlo por las vía institucional, alejándolo de una política independiente y de desconfianza en las instituciones del régimen.

 

Por un fuerte movimiento contra la militarización organizado sobre bases democráticas

 

Es necesario reorganizar la movilización para que los militares regresen a los cuarteles y paguen los crímenes cometidos contra la población. Estos objetivos no pueden cumplirse con la estrategia de reformar las instituciones reaccionarias.

Hacemos un llamado a fortalecer el movimiento y sumar fuerzas al mismo, bajo los métodos y mecanismos de la más abierta democracia que respete las aportaciones y puntos de vista políticos de sectores del movimiento, sin llegar a descalificarlos por el sólo hecho de no acordar con la política de pactos de Javier Sicilia y el sector dirigente que comparte sus puntos de vista.

Creemos necesario –ante el recrudecimiento de la violencia y la persistencia de la violación a los derechos humanos por parte del gobierno– convocar al movimiento estudiantil, campesino, obrero y popular, a impulsar un Encuentro Nacional contra la Militarización sobre las bases de una política independiente y de no confianza en que mediante el dialogo con el gobierno y las instituciones del régimen se pueda resolver ese problema de la descomposición social y barbarie humana. Esto, con la intención de darle al movimiento democrático una estrategia distinta a la que vienen impulsando el compañero Sicilia y demás personalidades que dirigen el “Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad”.

La visión que desarma políticamente la lucha contra la militarización, es llevada a los extremos (burocráticos) cuando Sicilia, afirma que debe evitarse que el movimiento caiga en la “mecha corta de la ciudadanía, porque ésta no sabe nada de los procesos largos, de los procesos lentos” (Proceso, 26/06/11). Es decir, que evitará que tenga peso una política opuesta a la suya de pactos y diálogos con aquellos que son responsables de tanta barbarie contra la población trabajadora.

Seguramente Calderón pasará a la historia como el presidente de los 40 mil muertos (o más), pero Javier Sicilia corre el riesgo de ser recordado como el activista que desempeñó un importante papel en la organización del movimiento democrático, y terminó debilitándolo y fragmentándolo por priorizar su institucionalización y la moderación de sus demandas para no hacerlo parecer radical a los ojos de la clase dominante y sus representantes.

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