Esperanza organizada para enfrentar la militarizacion y la violencia

José Martínez Cruz

 La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad dio inicio en la Ciudad de Cuernavaca el 4 de junio con la participación de unas 400 personas en 13 autobuses y 24 automóviles y recorrió 3,400 kilómetros hasta llegar el 10 de junio a Ciudad Juárez, Chihuahua, en la frontera norte del país, luego de pasar por ciudades fuertemente atacadas por la violencia criminal e institucional como Morelia, Michoacán, San Luis Potosí, Zacatecas, Saltillo, Torreon, Monterrey y Chihuahua, donde se han contabilizado la mayoría de los 40 mil asesinatos y cerca de 10 mil desaparecidos producto de la guerra contra el pueblo que el gobierno de Felipe Calderón ha llevado a cabo con el pretexto del combate al narcotráfico y la delincuencia organizada.

El movimiento empezó a raíz del asesinato de 7 jóvenes el 28 de marzo, entre los que se encontraba Juan Francisco Sicilia, hijo del poeta y periodista Javier Sicilia, premio “Aguascalientes” de Poesía, lo que motivó la formación de una Red por la Paz con Justicia y Dignidad conformada inicialmente por 700 personas que firmaron un comunicado protestando por este asesinato múltiple, demandando justicia y esclarecimiento de cerca de 1300 asesinatos que han ocurrido en Morelos durante los últimos 6 años. Se inició con una ofrenda de flores y veladoras frente a la puerta del Palacio de Gobierno y se convocó a una primera marcha el 6 de abril que reunió a más de 25 mil personas en Cuernavaca, posteriormente una caminata de cerca de 100 kilómetros que culminó en el zócalo de la Ciudad de México el 8 de mayo donde participaron unas 200 mil personas y se propuso la firma de un Pacto Nacional contra la violencia que consta de 6 puntos. Esta convocatoria la realizó Javier Sicilia y diversos familiares de víctimas como Julián Le Barón, menonita de Chihuahua que sufrió el asesinato de familiares, Olga Reyes hermana de la activista de derechos humanos Maricela Reyes asesinada al igual que 6 de sus familiares, padres y madres de niños y niñas que murieron en el incendio de la Guardería ABC en Sonora y otros más que se han ido sumando. El lema usado por Javier Sicilia ha tenido un símil al de los zapatistas en 1994 y a diversos movimientos sociales y políticos en México que cuestionan fuertemente las políticas neoliberales y autoritarias de los gobiernos tanto priistas hasta el año 2000 como a los panistas hasta la fecha. El objetivo fundamental de esta caravana ha sido hacer visibles los nombres y rostros de las víctimas que, en muchos casos, han aparecido sus cuerpos mutilados de manera anónima y, recientemente, en tumbas clandestina como en Durango y Tamaulipas donde han sido encontradas cerca de 400 asesinados o en Taxco donde fueron localizados 73 cuerpos y en otros lugares del país donde se asegura que cientos más han sido disueltos sus cuerpos en ácido para desaparecer rastros de estos crímenes atroces, como también los que han sido exhibidos en puentes y carreteras, colgados, quemados, desollados, desmembrados. Poner un alto a esta guerra contra el pueblo, acabar con la impunidad y corrupción que prevalece entre los cuerpos policiacos y militares, desnudar la vinculación de funcionarios gubernamentales con estas bandas criminales, son algunas de las demandas planteadas. Terminar con la doble victimización que se hace de aquellas personas a quienes se les trata de vincular con hechos delictivos y aplicarles una pena de muerte que constitucionalmente ha sido erradicada legalmente pero que en la práctica cotidiana es llevada a cabo lo mismo por bandas de criminales como por grupos para-militares como los “zetas” o ex-policías y policías en activo, así como crecientemente por militares y ex-militares.

 La Caravana recorrió varios estados del norte del país, todos muy afectados por la violencia. La respuesta de la población ha ido en aumento. Durante varios años prevaleció el miedo generado por estas prácticas terroristas de estado y de la complicidad y protección a los criminales, lo que desmiente al gobierno que asegura combatir el narcotráfico cuando ha aumentado tanto el consumo de drogas como la cantidad de dinero que circula producto de este negocio ilícito pero sumamente lucrativo para unos cuantos. Las voces de las víctimas han cobrado cada día más fuerza y se expresa un sentimiento de solidaridad que solo se manifestaba de manera aislada, local o regionalmente. Ahora son miles de denuncias que se escuchan de personas que han sufrido en silencio el dolor de haber perdido a un familiar. Las plazas y carreteras han sido escenarios de denuncia de estos atropellos. Los medios masivos de comunicación han dado cuenta de estas denuncias que anteriormente solo en pocos periódicos o revistas encontraban eco para su conocimiento público. En el trascurso de la Caravana participaron 140 periodistas nacionales e internacionales, que han documentado ampliamente estos terribles casos de violencia y ataques a los derechos humanos. Los mítines en las ciudades si bien no fueron decenas de miles si han congregado a muchas personas que se han movilizado hasta altas horas de la noche en lugares donde habitualmente cierran sus puertas a las 6 de la tarde, lo que indica el grado de simpatía y esperanza que ha suscitado esta Caravana. En las ciudades del norte del país el tejido social ha sido severamente dañado por esta violencia y esto se ve reflejado por ejemplo en la existencia de cerca de 10 mil huérfanos tan solo en Ciudad Juárez, donde han emigrado unas 250 mil personas a la vecina ciudad de El Paso, en los Estados Unidos, y se encuentran abandonadas 70 mil viviendas y han cerrado sus puertas cientos de maquiladoras con el consecuente despido de miles de trabajadores. En Ciudad Juárez, antes de la militarización, habían sido denunciados cerca de 300 feminicidios y actualmente se ha elevado a más de 13 mil las muertes violentas de hombres y mujeres en esta región, lo que muestra la gravedad de la situación. Por ello, la convocatoria ha sido respondida de manera impresionante, no por su masividad, sino por la intensidad de las denuncias y el espíritu solidario y fraterno en estas circunstancias.

 Los temas en debate en el seno de un movimiento ciudadano amplio y pluriclasista son varios: las causas de la violencia, la valoración del papel de las fuerzas armadas, la articulación de las demandas de los diferentes sectores, el tipo de diálogo a realizarse con las autoridades, las propuestas de solución desde la experiencia de organizaciones y víctimas que no tienen una mayor participación política que la que se desprende de su necesidad de obtener justicia. El movimiento está en construcción y en este proceso se dan diferencias y reacomodos de las fuerzas. Es verdad que la inorganicidad del movimiento da una sensación de espontaneidad en las acciones y facilita que un reducido número de personas ligadas directamente al poeta Javier Sicilia tomen acuerdos que no siempre son socializados ni sometidos a aprobación por parte de todas las personas que forman parte de estas redes formales e informales del movimiento. Hay una tensión permanente entre las opiniones vertidas por las personas más reconocidas cuando se aventuran posiciones individuales como si fueran de todo el movimiento y la necesidad práctica de resolver democráticamente el involucramiento de un número creciente de personas y organizaciones. Es el contenido de los 6 puntos de la declaración leída en el zócalo de la Ciudad de México, que suscitó opiniones encontradas sobre la propuesta de apoyar la iniciativa de ley de Seguridad Nacional o de rechazarla por su legalización de la militarización del país, o la Ley de reforma política por la reelección de legisladores y presidentes municipales, por ejemplo. El tema del diálogo con el gobierno también atraviesa al movimiento debido a las experiencias negativas que se han tenido previamente, como la de Ciudad Juárez, donde el gobierno se sentó a dialogar únicamente con el objetivo de imponer y reforzar su estrategia militarista que ha sido un fracaso. Durante estos meses se ha dado un debate sobre estos temas que culminaron en Ciudad Juárez, precisamente cuando el esfuerzo realizado para consensar acuerdos entre cientos de activistas y víctimas de más de 250 organizaciones en 9 mesas de trabajo, concluyeron en un documento que fue firmado como un Pacto por la Paz con Justicia y Dignidad, en un ejercicio de análisis y elaboración de propuestas muy amplio, que sin embargo, fue severamente cuestionado por Javier Sicilia y Emilio Alvarez Icaza, ex-presidente de la Comisión de Derechos Humanos del DF, en donde ponen en duda los acuerdos alcanzados y deslegitiman el proceso de toma de acuerdos en materia tan relevante como la exigencia de desmilitarización del país y de señalar claramente la responsabilidad del gobierno de Calderón en esta guerra que no consultó al pueblo y que nos hace pagar con elevadas cuotas de sangre. El tema del diálogo con el gobierno tiene diversas facetas, ya que implica desde reuniones con funcionarios del sistema de procuración de justicia para atender los casos de las víctimas, que nadie cuestiona que se lleven a cabo, hasta reuniones con el poder legislativo que seguramente se realizará en los próximos días o a la que invitaron los gobernadores, algunos de los cuales han sido señalados como cómplices de la delincuencia y se ha pedido juicio político, pero el tema principal a debate ha sido el del diálogo con el ejecutivo federal, Felipe Calderón, quien es el responsable principal de esta violencia. El asunto se ha centrado en los tiempos para el retiro del ejército de las calles, cuando en verdad el meollo central es oponerse a la lógica de militarización y estado policiaco que representa la actual estrategia gubernamental, misma que representa severos daños a las garantías constitucionales y derechos humanos de la población. Este debate es necesario y no es un asunto menor. Ello no significa necesariamente una ruptura en el movimiento. Pero, en la medida en que este crece, se hace necesario fortalecer los mecanismos democráticos de toma de decisiones.

 El gobierno federal mantiene una política de cerrazón y autoritarismo para mantener su actual estrategia militarista. No ha dado marcha atrás y, a pesar de los justos reclamos de las víctimas, considera que su política es correcta y plantea una visión de largo plazo donde aumentaría de 30 mil a 50 mil policías federales, crearía una policía única con mando centralizado tipo militar que incluiría a los 310 mil policías municipales y estatales y mantendría la fuerza del Ejército y la Marina desplegada hasta erradicar la corrupción policiaca, lo cual implicaría un lapso de 7 años más y un nivel de violencia que rondaría los 100 mil muertos. A la vez, ha abierto canales de comunicación con el equipo de Javier Sicilia para llegar a un diálogo con las víctimas, con el objetivo de legitimar su estrategia de mantener los militares en las calles. Actualmente trata de incidir en las diferencias en el movimiento para aislar lo que califica de “radicales izquierdistas” para adjudicar su cerrazón a las propias víctimas. El terreno pantanoso de un diálogo sin objetivos concretos ha sido cuestionado porque es el gobierno quien ha incumplido todos los acuerdos previos que vayan en contra de su política. Lo único que el gobierno ha aceptado de las marchas de blanco  precedentes, sobre todo las encabezadas por empresarios y sectores de derecha, ha sido dedicar más presupuesto para policías y militares, pero no ha aceptado erradicar las causas económicas, sociales y políticas de la violencia con políticas públicas distintas. El problema pues no es el diálogo en sí mismo, hay que recordar que días después del asesinato de su hijo fue recibido el poeta Javier Sicilia por el propio Calderón en la residencia oficial de Los Pinos y, por testimonio del mismo Javier, encontró a un presidente obcecado en mantener su estrategia, sino los objetivos políticos a alcanzar. Solo la movilización social es la que podrá generar los cambios que se requieren y el diálogo sigue siendo una herramienta que puede o no servir a los objetivos de las víctimas o del gobierno, dependiendo de la claridad de las demandas y es ahí donde el tema de la desmilitarización aparece claramente en el centro del debate.

  El movimiento aún tiene mucho futuro por delante. Es una previsión que se puede constatar al ver su rápido crecimiento y amplitud de respuesta a las convocatorias. Así se verá en la próxima caravana rumbo al sur del país y en lo inmediato la caravana de solidaridad con la lucha del pueblo de Cherán, en Michoacán, que resiste autoorganizadamente con formas comunitarias para enfrentar los talamontes y bandas criminales, donde aparece nuevamente el tema de los militares que no han impedido que sigan matando a campesinos de la localidad. Hacia las elecciones de 2012 aún es incierto el papel que este movimiento puede desempeñar. Hay quienes plantean desde candidaturas ciudadanas, revocación de mandato y democracia participativa hasta quienes insisten en el voto en blanco y hasta el boicot electoral. Su nivel de incidencia social y político es creciente, pero aún no es claro si se mantendrá en una perspectiva similar a la de la otra campaña convocada por el EZLN o tendrá un mayor acercamiento con el Morena de López Obrador, sobre todo por la coincidencia en algunos planteamientos, no desde el punto de vista orgánico. Por el momento, los acuerdos alcanzados en Ciudad Juárez implican mantenerse al margen de partidos políticos, en un movimiento ciudadano amplio y plural, que ya ha generado amplias simpatías en el terreno social, pero de ahí a cristalizar un movimiento político que incida electoralmente hay todavía una distancia significativa no solo por el tiempo sino por los retos que este movimiento logre superar, en primer lugar, las secuelas del debate abierto precisamente al momento de la firma del Pacto en Ciudad Juárez. El futuro está abierto para avanzar en una perspectiva de esperanza organizada, donde las alternativas y métodos pacíficos norman las acciones de lucha, pero están fuertemente condicionadas al enfrentarse a un terreno minado por las tendencias autoritarias y militaristas del régimen.

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