Propuestas para el Pacto Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad

31 de mayo de 2011

Las personas y organizaciones que integramos la Coordinadora Metropolitana Contra la Militarización y la Violencia, ante la propuesta de pacto nacional que ha lanzado la Red por la Paz y la Justicia, queremos hacer algunas consideraciones con la intención de colaborar en que el documento mejore y se fortalezca. Las enmiendas que hemos hecho las presentamos con negritas, para que nuestra redacción nueva se pueda distinguir de la original. Para realizar otro tipo de precisión o comentario, utilizamos los corchetes.

Cabe mencionar que hemos realizado un cambio de orden en los puntos del pacto, debido a las prioridades que como Coordinadora hemos acordado. Así, el que era el punto uno ahora es el dos, y viceversa.

  I. Razones y urgencia

Nuestra redacción elimina el párrafo tres del documento original, y propone lo siguiente: 

El narcotráfico fue creado por el Estado mexicano hace décadas. Lo diferente es que en la actualidad ha sido utilizado para profundizar la guerra por el control social e imponer así los intereses de una minoría [párrafo 3].

Esta guerra, de inspiración estadounidense, es una manifestación de políticas y acuerdos nacionales e internacionales que sitúan a México y Centroamérica como los campos de batalla donde los pobres pagan una alta cuota de vidas humanas para que las drogas lleguen a su destino y consoliden grandes negocios [párrafo 4].

La actual estrategia militar, de inspiración e impulso estadounidense, tal y como lo demuestra la Iniciativa Mérida o la operación Rápido y furioso, tiene por objetivo el control social. Es por ello que se ha privilegiado un proceso de militarización intensivo y extensivo de la seguridad pública, que también se refleja en el amplio despliegue de las fuerzas militares por todo el territorio nacional, y por la creciente presencia de los mandos castrenses en la dirección de las policías civiles; todo lo anterior se justifica con una supuesta lucha contra los cárteles del narcotráfico.Actualmente 500 miembros del Ejército –desde generales hasta tropa– tienen licencia para ocupar cargos en las policías estatales y municipales de todo el país. Avanza la preeminencia de la lógica militar sobre la lógica civil en múltiples ámbitos de la vida nacional [párrafo 5, el 6 queda íntegro].

Además de estos saldos, esta estrategia, y la diversificación de la acción criminal, han impactado directamente la vida social de numerosas poblaciones, presas del secuestro, la extorsión, la desaparición forzada; trata de personas, feminicidios, reclutamiento forzado de jóvenes, en comunidades urbanas y rurales que quedan bajo control económico, social y político de los grupos criminales en colusión con el Estado [párrafo 7].

1. Alto a la estrategia de militarización y paramilitarización del país [en lugar de “Alto a la estrategia de guerra…”]

A. Es urgente desmilitarizar y desparamilitarizar el país y detener la estrategia de guerra contra el pueblo del Estado, como garantía de la libertad de expresión y organización que necesitamos en este momento. Se debe asumir una nueva estrategia de seguridad social, que tenga como fundamento garantizar, promover y defender los derechos humanos, así como investigar y castigar las violaciones a los mismos; que excluya la participación del ejército en tareas policiacas y la militarización de las policías; que impulse un modelo de seguridad alternativo basado en la reconstrucción del tejido social, y que recupere las experiencias comunitarias autogestivas y la participación ciudadana en las colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales.

B.I Exigimos que se haga efectiva a nueva reforma constitucional en derechos humanos, que en breve deberá ser publicada. Exigimos que en tres meses se instituya el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas.

B.III Exigimos el cese inmediato de la vigilancia, el hostigamiento, las amenazas, las ejecuciones extrajudiciales, detenciones desapariciones de los luchadores sociales, defensores de derechos humanos y la sociedad en general.

B.IV Exigimos que no se aprueben leyes o normas que conculquen los derechos humanos y las garantías individuales bajo el concepto de seguridad nacional, y que no se aprueben las modificaciones propuestas al dictamen de la Ley de Seguridad Nacional. Que se aprueben Leyes consensuadas con las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil con un enfoque democrático. Exigimos la destitución inmediata de mandos militares y policiacos corruptos, no a la policía de mando único y la eliminación del fuero militar.

C. Convocamos a la sociedad civil a organizar un Encuentro Nacional Por la Desmilitarización para discutir un Programa Nacional de Lucha, así como para reflexionar sobre las experiencias de seguridad pública autogestiva y ciudadana, y otras alternativas para reconstruir el tejido social en las comunidades, barrios, colonias y pueblos.

  2. Exigimos verdad y justicia

A. Se deben esclarecer y resolver todos los asesinatos, las desapariciones, los secuestros, las fosas clandestinas, la trata de personas, y el conjunto de delitos que han agraviado a la sociedad, mediante procesos transparentes y efectivos de investigación, procuración y administración de justicia, en que se procese a los autores intelectuales y materiales, incluyendo las redes de complicidad y omisión de las autoridades responsables. Determinar la identidad de todas las víctimas de homicidio es un requisito indispensable para generar confianza. Exigimos la reparación integral del daño, que contemple entre otras cosas la indemnización a familiares de las víctimas de la guerra y creación de fideicomisos para huérfanos.

B. Exigimos a las autoridades federales, estatales y municipales […]

C. Convocamos a la sociedad civil a rescatar la memoria de las víctimas de la violencia, a no olvidar y exigir justicia por medio de actividades culturales y artísticas; de reforzar el tejido social a través de la organización y a documentar los casos de víctimas para demostrar la injusticia.

  3. Denunciamos la corrupción e impunidad que permea al Ministerio Público y al Poder Judicial y exigimos combatirlas [En lugar de “Exigimos combatir la corrupción e impunidad”]

La impartición de justicia en nuestro país está al servicio de intereses y cálculos políticos. Hemos sido testigos de cómo la incapacidad y desinterés de los agentes del Ministerio Público, jueces, funcionarios, judiciales y policías ministeriales ha llevado a la escandalosa liberación de feminicidas confesos como Sergio Rafael Barraza asesino de Rubí Marisol Freyre y principal sospechoso de la muerte de su madre, la activista Marisela Escobedo.

Al mismo tiempo, se ha permitido el uso del Poder Judicial para procesar y castigar judicialmente a luchadores sociales, defensores de derechos humanos y trabajadores que defienden sus derechos, como en el caso de Miguel Márquez Ríos y varios electricistas del SME, sin contar muchos casos más de presos y detenidos desaparecidos políticos. Otra muestra del carácter corrupto de las instituciones del poder judicial es el alto número de encarcelamientos de “chivos expiatorios”.

  4. Exigimos combatir realmente al crimen organizado y las ganancias económicas que genera ilegalmente (en lugar de “Exigimos combatir la raíz económica y las ganancias del crimen”).

A. En numerosas investigaciones –periodísticas, académicas o de orden jurídico- se ha evidenciado como el dinero proveniente de actividades ilícitas (narcotráfico, secuestros, trata de personas, extorsión, venta de “protección”, etc.) termina por volverse parte importante de la economía nacional. Inclusive, las riquezas provenientes del lavado de dinero, han llegado al financiamiento de procesos electorales. Por ello, exigimos un combate real y frontal al lavado de dinero y activos generados ilegalmente. Para alcanzar dicho objetivo, proponemos la creación de unidades autónomas de investigación patrimonial, las cuales en coordinación con la Unidad Federal de Inteligencia Financiera, permitirán reunir material probatorio para formular acusaciones y dictar sentencias.

B. Exigimos la presentación de un Informe a la Nación sobre los resultados de la investigación patrimonial y el lavado de dinero, que muestren los casos más notorios que han sido sancionados en este sexenio y el avance en la integración de las Unidades de investigación sobre lavado de dinero de las 32 entidades federativas y la federal.

C. Llamamos a la ciudadanía a denunciar los casos notorios de riqueza mal habida y lavado de dinero, así como los casos de infiltración de recursos del crimen organizado en las campañas políticas y los negocios. También los llamamos a informarse y debatir seriamente estrategias de salud y otras medidas exitosas como la despenalización y legalización de algunas drogas.

[Como observación general, la COMECOM llama la atención sobre los llamados a la denuncia por parte de la ciudadanía, así como sobre la creación de las unidades autónomas de investigación o la legalización de las drogas. Estas cuestiones no las defendemos como propuestas propias, pero tampoco las sabotearemos. Las dejamos, en todo caso, para la discusión.]

  5. Exigimos la creación de un Programa Nacional de Emergencia que incluya a todos los sectores de la sociedad, con acciones efectivas de reconstrucción del tejido social [en lugar de “Exigimos la atención de emergencia a la juventud…”]

A. Exigimos, ante la situación de emergencia nacional medidas urgentes que recuperen las condiciones materiales de vida digna orientadas a reconstruir el tejido social. La seguridad ciudadana no se resolverá con armas y violencia. Exigimos una política económica y social que genere oportunidades reales de educación, salud, cultura y empleo para todos.

B. Exigimos, que en los próximos tres meses se establezca un Plan Nacional de Emergencia que contemple los siguientes puntos:

  • Aumento salarial de emergencia proporcional a la inflación y al precio de la canasta básica.
  • Congelamiento del precio de la canasta básica.
  • Congelamiento inmediato de los precios de la gasolina, el diesel y el gas doméstico.
  • Programa especial de generación de empleo.
  • Incremento inmediato de los recursos destinados a las acciones sociales de seguridad ciudadana, en mayor proporción que los destinados a las fuerzas armadas y de seguridad pública.
  • Los recursos necesarios para desarrollar este Programa Nacional de Emergencia pueden obtenerse de la reducción del presupuesto electoral para campañas políticas; de la reducción de los salarios de funcionarios, diputados, senadores y ministros de justicia; de la suspensión del pago de la deuda externa y de la creación de un impuesto progresivo a las grandes ganancias.

B.I Programa especial de emergencia nacional de jóvenes que tenga como prioridad presupuestal la construcción de infraestructura y el aumento de la matrícula en educación pública en todos sus niveles; un sistema universal de becas para estudiantes de escasos recursos; recursos para proyectos culturales, deportivos, productivos y sociales realizados por los propios jóvenes y sus organizaciones. Exigimos la recuperación del carácter público de la educación y romper el control corporativo que ejerce la cúpula del SNTE sobre la política educativa.

B.II Rechazamos la propuesta de ley Federal del Trabajo actual, que contiene diversas medidas que precarizan el trabajo y limitan los derechos laborales.

B.III Exigimos una política de recuperación del campo, para conseguir la soberanía alimentaria que impulse la producción de los pequeños y medianos propietarios y a los campesinos sin tierra.

B.IV Exigimos que se extiendan las redes de hospitales públicos, el presupuesto para la adquisición de medicinas e infraestructura de atención especializada.

  6. Exigimos democracia participativa, democracia representativa y democratización en los medios de comunicación.

[La COMECOM no ha retomado las propuestas que se exponen en los incisos A y B de este punto, pues consideramos que debería ser reelaborado para así denunciar más claramente el carácter antidemocrático del régimen. Incluir un posicionamiento respecto a exigir el retiro de las concesiones a las televisoras o su expropiación, es un punto importante que queda por discutir]

C. Hacemos un llamado a la sociedad civil a que siga una política de no cooperación con el duopolio televisivo y radiofónico (Televisa y Tv Azteca), al tiempo que fortalezca y defienda a los medios independientes.

III. Para iniciar el camino [anexo].

Invitamos a toda la ciudadanía en las comunidades, barrios, colonias, pueblos, comunidades y lugares de trabajo a aportar en esta discusión y construir espacios de reflexión y de acción colectiva nacional permanentes.

Hacemos además un llamado a nuestros compatriotas que radican en los Estados Unidos de Norteamérica y al pueblo de ese país para que apoyen nuestras movilizaciones y exijan al gobierno y al Congreso norteamericano que detengan  el apoyo político, financiero y militar al actual gobierno mexicano y a su estrategia de guerra por el control social: el gobierno norteamericano debe detener el flujo de armas hacia México y la iniciativa Mérida.

Para iniciar el camino hay que construir una alianza nacional contra la militarizacióny la paramilitarización de la vida social. Una alianza por la paz con justicia y dignidad que nos haga confiar en la fuerza de la movilización,en nuestra capacidad de organización y en la lucha independiente. Nuestra alianza o pacto será un primer paso para construir un espacio donde se discuta y acuerde la construcción de un movimiento nacional contra la militarización, un plan de lucha, la posibilidad de una Encuentro Nacional contra la Militarización y la Paramilitarización; un espacio donde se discutan propuestas de organización, un espacio que potencie nuestra capacidad de análisis y de propuestas.

Esa alianza (que muchos compañeros llaman “pacto”) no será con el gobierno federal y los gobiernos locales (responsables de miles de muertes, incluyendo muchos jóvenes, mujeres y luchadores democráticos a los que se les endilga el mote de “narcos”), no será con las instituciones antidemocráticas y las figuras que las apoyan.

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